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Irene Garrido ve “un denominador común” en las exigencias selladas por Sánchez con sus socios para su investidura: “injusticia y desigualdad

• La portavoz de Inclusión y Seguridad Social del GPP en el Congreso, Irene Garrido, asegura que Sánchez es el presidente del Gobierno que más ha recurrido a esta fórmula para sacar adelante sus iniciativas, sin el debate previo en las Cortes. “Un "uso abusivo" del decreto-ley, que no puede convertirse en un modo ordinario de legislar", sentencia

• Además, utiliza el Decreto Ley para modificar decenas de leyes de cualquier tipo y condición, entre otros motivos, para satisfacer las peticiones de sus socios de investidura

• Recuerda que en la pasada Legislatura utilizó esta técnica “espuria” en 142 reales decretos, de los cuáles solo 20 se tramitaron como leyes, destacan entre los casos más llamativos es el de su utilización habitual para la transposición de Directivas de la Unión Europea a nuestro ordenamiento jurídico

• “Este Real Decreto hace lo mismo, haciendo uso de una extentísima exposición de motivos -13 páginas- en la que va justificando las causas que explican la acumulación de retrasos”, señala

• “Excusas que no pueden server para justificar tanta negligencia en el respeto de los plazos dados, que normalmente son muy amplios, como es el caso de esta directiva, que en su artículo 20 daba 3 años para su transposición”, asevera

• Explica que en dicha Directiva se mencionan diferentes sentencias y en la STC 119/2011, de 5 de julio, a propósito de una utilización indebida del derecho de enmienda en el procedimiento legislativo, “desatender los límites constitucionales bajo el paraguas de la urgencia normative, no deja de ser una lesión constitucional por mucho que pueda parecer conveniente coyunturalmente

• “Una buena política legislativa puede evitarlo y cuando excepcionalmente no sea posible, debe asumir el coste democrático que pueda tener, pero no forzar la Constitución”, subraya

• “Debería avergonzarle, ministra Yolanda Díaz, su intervención para que hoy se modifique ese artículo, que es una exigencia del PNV, porque usted, en su día, dijo que no lo podia conceder”, espeta

• Apunta Garrido que también, el PNV, han dado un plazo de 6 meses para que el ayuntamiento de Usánsolo (Vizcaya) se pudiera segregar, pero no cumplían los requisitos legales de la Ley de régimen de base local exigidos. “A pesar de habérselo negado como gobierno español en el año 2019, por no ajustarse a la legislación, hoy, ya no hay problema tampoco, porque lo han introducido en el real decreto ley 6/ 2023 que se ha debatido en el punto anterior”. “Y suma y sigue”

• “No apoyaremos el Real Decreto Ley porque nuestra obligación política e institucional es denunciar este mercadeo en cada ataque a nuestro Estado de derecho, y ofrecer alternativas a cada uno de los desmanes del Ejecutivo. Tal y como decía ayer nuestro presidente defenderemos España incluso ante el propio Gobierno”, concluye

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