El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado a la Mesa del Senado que se reitere la petición al Consejo Fiscal para que elabore y remita a la Cámara Alta un informe en relación con la Ley de Amnistía del PSOE.
El escrito firmado por la portavoz del GPP, Alicia García, tiene como objetivo que esta Cámara pueda disponer del informe durante la fase de presentación de enmiendas y propuestas de veto, o, en todo caso, dentro del plazo con el Senado cuenta para la tramitación de dicha ley.
El grupo con mayor representación en el Senado recuerda que el Fiscal General del Estado se ha negado a la redacción de dicho informe alegando la existencia de impedimentos legales, al tratarse de una Proposición de Ley y no de un Proyecto de Ley.
Sin embargo, el GPP incide en que tales impedimentos legales no existen en este caso, ya que el Ministerio Fiscal no es un órgano consultivo del Gobierno y el informe relativo a los proyectos legislativos es exigible cuando afecta a la estructura, organización y funciones del mismo Ministerio Fiscal.
“La Proposición de Ley Orgánica de Amnistía contiene disposiciones en materia de derecho y procedimiento penal y menciona expresamente la actuación del Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones”, recoge el texto del Grupo Popular. Asimismo, destaca que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece “el deber de la institución de colaborar con las Cortes Generales a requerimiento de éstas, siempre que no exista un obstáculo legal”.
En este sentido, el PP subraya que el Ministerio Fiscal “habría de intervenir” en los procedimientos que eventualmente podrían suscitarse, bien ante el Tribunal Constitucional, bien en el ámbito de la Unión Europea mediante cuestiones prejudiciales.
Por otra parte, el Grupo Popular recuerda que el propio presidente del Senado, cumpliendo con su función de velar por los derechos de los senadores, es quien valoró “la conveniencia de contar con esa opinión experta” del Consejo Fiscal para que la Cámara pueda conformar de manera adecuada su voluntad en un tema que afecta directamente a las competencias del órgano al que se dirige su solicitud.
El “impedimento legal debe estar expresamente previsto en una ley, lo que no ocurre en este caso. Al mismo tiempo, el Consejo Fiscal actúa como órgano propio con competencia específica y no como asesor de quien tiene encomendada la función de dirigir el Ministerio Fiscal en su conjunto y parece evidente que no existen dichos impedimentos legales”, señala el GPP.
La portavoz popular añade las conclusiones de la Comisión de Venecia tras constatar que el Fiscal General ha rechazado la solicitud de la Mesa del Senado. “El informe de este órgano europeo es rotundo en este sentido y señala que las consultas significativas deberían ayudar a los órganos electos a evaluar la proporcionalidad de la amnistía prevista”, argumenta.
En definitiva, “ninguna norma condiciona la relación entre el Ministerio Fiscal y las Cortes Generales y ninguna disposición establece la prohibición de que esta colaboración en materia de informes pre legislativos, máxime cuando contribuye a afianzar las garantías democráticas propias del Estado de Derecho, de acuerdo con los estándares de la Unión Europea y el Consejo de Europa”, afirma la dirigente popular por lo que insiste en solicitar la colaboración del Consejo Fiscal para elaborar dicho informe, como sí hizo el Consejo General del Poder Judicial”.