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El PP saca adelante una nueva Ley Feijóo para la exención fiscal de las ayudas a los afectados por la talidomida, a pesar del voto en contra del PSOE

  • El Pleno del Senado aprueba la toma en consideración de la Proposición de Ley para la exención fiscal de las ayudas para las personas afectadas por la talidomida en España entre los años 1950-1985. Una nueva Ley Feijóo que pretende buscar la reparación para las víctimas de este fármaco 60 años después y que se aprueba con el voto a favor de toda la Cámara, excepto del PSOE, que se queda solo en la votación.

  • La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alicia García, ha mantenido una reunión con representantes de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE), que después han seguido desde la tribuna de público la defensa de la duodécima Ley Feijóo, por parte del portavoz de Sanidad del PP, Enrique Ruiz Escudero, y la senadora del PP Rosa Romero.

  • La senadora del PP por Ciudad Real, Rosa Romero, destaca en el turno de portavoces que esta proposición de ley llega ante “la ausencia de capacidad de iniciativa legislativa” del Gobierno, que sólo se ha preocupado de “la vergonzosa e infame” ley de amnistía. Frente a ello, el Partido Popular continúa proponiendo leyes que “mejoren la vida de los ciudadanos, que es nuestra vocación política”, destaca.

  • Romero recuerda que la primera vez que se definió una partida presupuestaria para los afectados por este fármaco, que se administraba a mujeres embarazadas entre los años 1960 y 1985, fue en 2018, con el Gobierno de Rajoy.

  • “Después llegó la moción de censura y todo quedó en agua de borrajas, para desesperación de los afectados, que han sufrido un abandono total hasta julio de 2023, fecha en que se promulga el Real Decreto donde se definen las ayudas. “¡Qué casualidad que coincida con la convocatoria de elecciones!”, ironiza.

  • La dirigente popular incide en que los afectados se han encontrado con retenciones de hasta un 43% del importe de las ayudas. En palabras de la senadora Romero, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, “les pega un sablazo fiscal” y ahora, “les da un nuevo revés al presentar un veto a nuestra propuesta”, argumentando que se produciría una disminución en la capacidad presupuestaria de 20 millones de euros, “cuando sólo el contrato de Broncano es de 28 millones de euros”, apunta. 

  • “Se les tendría que caer la cara de vergüenza”, exclama la senadora popular dirigiéndose a la bancada socialista, para recordar que el Gobierno de Sánchez es “un Gobierno sin alma, que fríe a impuestos a los ciudadanos, los empresarios, los pensionistas y, ahora también a los afectados por la talidomida, para poder compensar a los que les chantajean para seguir en la Moncloa”.

OBJETIVO: BUSCAR LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

  • En los mismos términos se expresa el portavoz de Sanidad del PP, Enrique Ruiz Escudero, en la defensa de la toma en consideración esta nueva Ley Feijóo. “Tenemos la oportunidad de promover la reparación de las víctimas y afectados por la talidomida y corregir arbitrariedades. Esta Proposición de Ley es de ellos y por ellos”, señala.

  • “Más de 60 años después es difícil determinar el número real de víctimas por el uso de este fármaco” recuerda Ruiz Escudero e incide en que provocó graves malformaciones y registró una mortalidad del 40% en el primer año de vida de los bebés afectados.

  • En la mayoría de los casos, los afectados y sus familias han afrontado unos costes económicos “prácticamente inasumibles”, a pesar de diferentes iniciativas destinadas a ayudar a las víctimas, pero, según destaca el senador por Madrid, “sin llegar a poder indemnizar ni ayudar al mayor número posible de afectados”.

  • Muestra su decepción ante el voto en contra del PSOE porque “no eximir fiscalmente la ayuda supone que, en gran medida, que ésta pierda su razón de ser”, señala y añade que se trata “de una discriminación” del Gobierno de Sánchez a los afectados por la talidomida, respecto a los beneficiarios de ayudas similares, como enfermos de VIH, las negligencias médicas o de las víctimas de tráfico.

  • “El Gobierno vuelve a mirar para otro lado y vuelve a poner palos en las ruedas, como ya sucedió con los enfermos de ELA, y como hace siempre que el Partido Popular intenta resolver problemas que afectan directa y personalmente a quienes más lo necesitan”, concluye Ruiz Escudero.

El PP exige al Gobierno una completa batería de medidas para mejorar las infraestructuras hidráulicas de Aragón

El Senado aprueba una moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Popular –con el voto en contra del PSOE-, defendida por los senadores Javier Campoy y Eloy Suárez, que exige al Gobierno que adopte medidas concretas para mejorar las infraestructuras hidráulicas de Aragón. 

El senador por Huesca, Javier Campoy recuerda que el 5,7% del PIB de Aragón lo aporta el sector primario, compuesto por casi 10.000 empresas que dan trabajo a cerca de 40.000 personas. 

Por ello, denuncia el abandono de las infraestructuras hídricas a la comunidad que representa por parte del Ejecutivo. 

“Llevan seis años en el Gobierno y no han sacado adelante ninguna de las obras en Aragón para frenar la sequía más importante de nuestra historia”, afea a la bancada socialista. 

A continuación, el dirigente popular pregunta por las obras del embalse de Yesa, que es estratégico para los aragoneses y su obra está “absolutamente paralizada”, a pesar de los más de 400 millones invertidos. 

Igualmente, Campoy se interesa por el bombeo del embalse de Almudévar. “¿Qué hay de las cuatro infraestructuras que tenemos construidas y están paradas después de millones de inversión y años de trabajo?”, pregunta en referencia a La Loteta, Lechago, Valdepatao y Montearagón. 

En este sentido, el senador por Huesca acusa al Gobierno de que su único plan de infraestructuras hídricas es “cruzarse de brazos y mirar al cielo a ver si llueve”, a la vez que critica la gestión de Teresa Ribera, la “ministra de Intransición Ecológica” que se va a Europa “dejándonos otro regalo más a los aragoneses”. 

En este contexto, Campoy reprocha que fue esta ministra quien ha apoyado una directiva que en Aragón supondría que un 40% de los terrenos cultivables de la Red Natura desaparecerían. 

“Tenemos un Gobierno que ha sustituido la gestión por la ideología. Con la ideología no se cultiva el campo, no se hacen infraestructuras hidráulicas y no se levanta un país”, apostilla el senador aragonés. 

Antes de finalizar, Javier Campoy advierte que frente al “continuo bochorno” del Ejecutivo, el PP “seguirá trabajando por los aragoneses y luchando porque cumplan con el pacto del Agua y con los compromisos que ustedes asumieron en el Plan Hidrológico”.

EL PSOE, EL ENEMIGO PÚBLICO DEL CAMPO ESPAÑOL

Eloy Suárez denuncia que “el PSOE se ha declarado como el enemigo público del campo español y aragonés”. Reprocha a los socialistas la “ralentización de las infraestructuras hidráulicas en Aragón durante seis años” y es “tan responsable la señora Serrano como la ministra Alegría”. 

“¿Por qué no han explicado seis años de retraso en el Embalse de Yesa?”, pregunta a los socialistas, tras lo que asegura que no hay otro record de retraso tan importante en la administración, con lo que supone eso en el “embalse estratégico más importante en Aragón”. 

“En el embalse de Almudévar se olvidaron de un contrato entre Endesa y el Gobierno de España; y sin esa conexión es imposible llenar ese embalse; ¿y de quien es la culpa? Del PSOE, de nadie más”, asegura.

Pone de manifiesto que “el primer error administrativo grave sobre el proyecto del Embalse de Biscarrués fue de la señora Narbona, recalca Eloy Suárez. 

Recuerda que “el Pacto del Agua de Aragón suponía una cifra de 6.500 hectómetros cúbicos de agua, y eso supone futuro para el campo de Aragón, posibilidad de tener energía y de tener los cauces del río de forma sostenible”. 

Señala que el “Estatuto de Autonomía de Aragón recoge esos 6.500 hectómetros cúbicos de agua, como la solución de presente y de futuro de nuestra tierra”; tras lo que denuncia que “el voto en contra de esta moción es tanto como traicionar este Estatuto de Autonomía, traicionar el futuro del campo y a esa España vaciada, donde tan duro y tan difícil es vivir y ahora resulta que ustedes le niegan hasta el agua”. 

A continuación, adjuntamos las 10 medidas propuestas por el PP:

1. Establecer con el Gobierno de Aragón un calendario de reuniones de la Comisión Mixta de Seguimiento del Pacto del Agua de Aragón, en donde se aborden los permanentes retrasos de las infraestructuras hidráulicas, nuevas infraestructuras y otros problemas vinculados al buen estado de las aguas.

2.-Mantener las obras del Pacto del Agua que han sido excluidas del Plan Hidrológico del Ebro (2022-2027), y que sean contempladas para la próxima planificación hidrológica, contando también con la opinión de uno de los principales afectados que son los miembros de las Comunidades de Regantes.

3.-Planificar y construir el número suficiente de infraestructuras hidráulicas en Aragón, que permitan dar cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía en lo referido a la disposición adicional quinta.

4.-Desbloquear con las acciones necesarias, los problemas actuales, que impiden que el embalse de Yesa avance en su construcción, reanudando su construcción con normalidad hasta que sea finalizado, implementando partidas presupuestarias que acorten el tiempo de construcción.

5.-Desbloquear con la mayor celeridad los problemas que afectan en estos momentos al embalse de Almadear, para que esta infraestructura pueda entrar en funcionamiento a la mayor brevedad posible.

6.-Proponer la planificación y la construcción de un embalse en el cauce del río Gállego, provincia de Huesca, necesario para el sistema de Riegos del Alto Aragón, que permitirá la consolidación y culminación del plan de regadíos de este sistema.

7.-Impulsar con los recursos necesarios del Presupuesto General del Estado, la construcción de los embalses laterales del río Matarraña, fruto del acuerdo de la Comisión de Agua de Aragón.

8.- Efectuar las acciones necesarias en el río Ebro incluido la limpieza del cauce para mitigar los efectos de las avenidas.

9.-Amortiguar el impacto negativo de la ley de restauración de la naturaleza aprobada en febrero de 2024 por la Unión Europea, tan negativa para los intereses del campo aragonés.

10.-Dotar a través de los Presupuestos Generales del Estado las partidas suficientes para llevar a cabo con celeridad las inversiones de infraestructuras hidráulicas acordadas en Aragón

El GPP saca adelante sus tres iniciativas sobre discapacidad para corregir los errores del nuevo baremo para la obtención del grado, el acceso a becas y elaborar una macroencuesta sobre violencias en mujeres y niñas

La portavoz del GPP en la Comisión de Discapacidad, Violante Tomás, exige al Gobierno “resolver todas las deficiencias y disfunciones” derivadas de la aplicación del nuevo baremo para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad

Subraya que dicho baremo es “la puerta de acceso” al sistema de derechos para una persona con discapacidad, por lo que “es necesario facilitar el procedimiento para que este se haga en tiempo y forma, en todos los territorios y para todas las personas”

Por su parte, la diputada del GPP Sandra Moneo llama al consenso de todos los grupos para la elaboración de un macrosondeo sobre cualquier tipo de violencia de la que son objeto las mujeres y niñas con discapacidad, incluyendo la de género. “Llegamos tarde”, subraya

Reclama al Ejecutivo que declare “prioritaria” esta cuestión, al tiempo que lamenta que la renuncia a tramitar los PGE para 2024 implica que ignoremos qué recursos tiene el Ministerio para hacer efectivo este estudio clave 

Con arreglo a los datos del informe de la Fundación Cermi Mujer, resalta que “también existe una discapacidad sobrevenida como resultado de la violencia de género”

Por su parte, el diputado del GPP Óscar Clavell denuncia la discriminación que sufren muchos alumnos con discapacidad en el acceso al régimen de becas y ayudas del Ministerio de Educación, como los estudiantes con sordera 

Subraya que esta circunstancia se produce a raíz de la modificación del sistema ayudas para el alumnado con necesidades especiales, por lo que propone volver al baremo anterior a 2020 “que no planteaba ningún problema para ningún colectivo”

El Congreso aprueba tres iniciativas del GPP para visibilizar el acoso escolar, acometer cambios en el deporte femenino e implantar una FP de calidad

El portavoz de Educación del GPP en el Congreso, Óscar Clavell, asegura que el acoso escolar en España lo sufren a diario miles de niños y jóvenes “simplemente por ir al colegio o al instituto y es triste ver cómo las familias, muchas veces, no son capaces de dar solución a este problema”

De igual modo, lamenta que desde los centros educativos no se pueda dar solución a esta cuestión. “Es un trabajo muy laborioso que se debe ir consensuando y pactando con toda la comunidad educativa y sectores implicados en esta situación”, sostiene 

Recuerda que hace más de un año quedó aprobada una moción consecuencia de interpelación del GPP relativa a las políticas desarrolladas en el ámbito educativo para la prevención, detección y atención a los problemas de salud mental y la conducta suicida 

Denuncia que se dan muchos casos de alumnos que piensan o incluso llegan al suicidio “y esto nos debe hacer pensar y recapacitar a todos”. “Porque no se trata de ser de derechas o izquierdas, se trata de humanidad, ya que esto le puede ocurrir a cualquier alumno o hijo de los que estamos aquí”, añade 

Pide “no dejar solos a los alumnos, padres, profesores, equipos directivos que muchas veces se encuentran con este gran problema”. “Sobre todo, no dejemos solos a los alumnos que lo sufren en silencio porque no se atreven a denunciarlo por miedo y cuando ya es visible, es demasiado tarde”, concluye 

Por otra parte, la diputada del GPP, Mercedes Cantalapiedra, afirma que hay que buscar soluciones para garantizar un trato igualitario entre hombres y mujeres en el Deporte, “porque el Ejecutivo lo incumple de manera flagrante” 

Considera un acto de discriminación hacia el fútbol femenino, “con la permisividad del Consejo Superior de Deportes, la aquiescencia del Gobierno de España y el menosprecio de la Federación de Fútbol”, que las jugadoras de fútbol se cuelguen ellas mismas las medallas y no que se las entregue personalmente un alto cargo, como sucede en las competiciones masculinas

Afirma que el PP no hubiera permitido la discriminación que las deportistas tuvieron que soportar en la entrega de los premios de la Real Federación Española de Fútbol, al igual que ocurrió con la Copa de la Reina 

“Un Gobierno que presume de feminismo e igualdad de género ha permitido que este tipo de discriminaciones persistan”, sentencia, al tiempo que añade que la gran mayoría de asociaciones deportivas y también algunos medios de comunicación, han manifestado su descontento por el trato desigual 

“¿Dónde está el compromiso real del Ejecutivo con la igualdad de género cuando las deportistas son tratadas como ciudadanas de segunda clase?”, pregunta la diputada popular, a la vez que asevera que “promover la igualdad de género en el deporte es fundamental para fomentar la participación femenina y servir de ejemplo para generaciones futuras” • “Desde el PP no podemos permitir que la discriminación empañe la reputación del deporte español, porque el compromiso con la igualdad no es una opción, es una obligación”, concluye 

Por su parte, la diputada del GPP Beatriz Jiménez señala que “la Formación Profesional no puede convertirse en el nuevo yo invito y tú pagas a las CCAA, y mucho menos en un arma arrojadiza contra las Comunidades gobernadas por el PP” 

Critica “la tardanza” del Gobierno de Sánchez en aprobar la legislación de la nueva FP 2024-2025, “poniendo en riesgo la puesta en marcha del curso que viene” y provocando, a su vez, un retraso en el desarrollo normativo por parte de las Comunidades

Destaca la propuesta del PP para bonificar el 100% en las cotizaciones a la Seguridad Social de los estudiantes en prácticas, de modo que se incentive la participación de las empresas en estas enseñanzas 

Ve asimismo “fundamental” reforzar la orientación profesional vocacional, académica y profesional, que debe ser “previa y constante” desde el inicio de la escolarización en Educación Secundaria, para evitar el abandono de los estudios 

Entre los problemas de nuestro sistema de FP, aprecia la falta de correlación entre lo que demanda el tejido productivo y lo que oferta esta enseñanza o la fuerte desigualdad de género en determinados ciclos

El PP defiende la libertad de expresión y a los medios de comunicación ante los “tics autoritarios” de Sánchez

El Senado aprueba una moción del PP, con el voto en contra del PSOE, en defensa de la libertad de expresión y el derecho de los medios de comunicación a informar, ante “las frecuentes descalificaciones vertidas por el Gobierno y los tics autoritarios” de Sánchez contra los periodistas y la prensa. 

Carlos Yécora y Antonio Silván, senadores del GPP que defienden la iniciativa en el Pleno de la Cámara, reprueban “las cada vez más frecuentes descalificaciones, insidias e intimidaciones vertidas por el Gobierno y, en especial, por su presidente, contra los medios de comunicación que publican informaciones que no son de su agrado u opiniones que entrañan una crítica a su gestión o a su discurso”. 

Durante su intervención, Carlos Yécora resalta que, los ataques a la prensa, “se agravan en los últimos meses por las investigaciones judiciales y las informaciones publicadas sobre los graves casos de corrupción que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno familiar de Sánchez”. 

“Lejos de disimular, el señor Sánchez está llevando a cabo una escalada verbal de tintes cada vez más agresivos e intimidatorios”, denuncia el senador popular, al tiempo que critica que defina a los medios digitales como ‘pseudo medios’. 

Así mismo, Yécora afirma que “la fijación de Sánchez contra el derecho a la información viene de largo, pero las noticias publicadas sobre las actividades de su esposa, su citación judicial y sus contactos con el mediador de la trama Koldo, han provocado un salto cualitativo en su cruzada contra la prensa”.

Tras recordar que el artículo 20 de la Constitución “reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones”, Carlos Yécora asegura que Sánchez, “en vez de dar explicaciones” sobre los casos de corrupción que “le afectan de manera directa, está empleando una estrategia escapista de victimismo y de descalificación sistemática de los medios de comunicación que publican noticias u opiniones que no son de su agrado”.

DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

En el turno de portavoces, Antonio Silván, inicia su intervención mostrando su “profundatristeza por tener que subir a esta tribuna a defender, 45 años después de aprobar la Constitución, el derecho a la libertad de expresión, de información y de prensa”. 

“Los tics autoritarios del presidente Sánchez, de su Gobierno y del PSOE contra políticos, jueces, fiscales, periodistas y medios de comunicación, son cada vez más frecuentes”, recrimina a la bancada socialista. 

A continuación, el senador del PP afirma, dirigiéndose a los parlamentarios socialistas, que “la máxima de su líder es: Los que no están conmigo y no piensan como yo, están contra mí. ¿Saben cómo se llama eso? Autoritarismo”, les responde. 

También les recuerda que “no existe democracia sin libertad de prensa” y remarca que “un Gobierno no es democrático si no existe posibilidad de ser criticado, ensalzado o derrocado por una información libre y veraz”. 

“¿Dónde nos han traído Sánchez y los socialistas? ¿A dónde nos quieren llevar? ¿Su modelo es Venezuela o Rusia? ¡Díganlo claramente!”, reclama a los senadores socialistas. 

Por otra parte, Silván se dirige al socialista Ander Gil, a quien reprende por “lanzar bulos” contra el Partido Popular. ¿Cuándo ustedes pactan con Bildu en Pamplona son herederos de los etarras? ¿Cuándo pactan con los independentistas para seguir en la Moncloa son independentistas?”, reconviene el senador popular a Gil. 

También se dirige al senador de Bildu, Josu Estarrona, y le recrimina por atreverse a hablar en el hemiciclo de libertad de expresión "con toda la sangre que tiene detrás". Así, Silván señala que "nosotros, los profesionales y la sociedad civil hemos estado años luchando, pero muchos de ellos no están hoy aquí por haber recibido un tiro".

Para finalizar, Antonio Silván remarca que “frente a esta actitud autoritarista, el PP dice no a la mordaza, no a perseguir a los profesionales de los medios y no a poner en la diana el crédito profesional por no escribir al dictado de Sánchez”

El PP pide fomentar una industria de centros de datos en España porque es fundamental para el desarrollo económico y la inversión

El senador del PP por Jaén y viceportavoz de Transformación Digital, Javier Márquez, pide al Gobierno “fomentar una industria de centros de datos en España, porque es fundamental para el desarrollo económico y para la inversión extrajera en nuestro país”.

El senador del PP pone de manifiesto en una interpelación al ministro José Luis Escrivá “la importancia de potenciar la construcción de Data Centers para favorecer al desarrollo económico y con ello la creación de empleos directos e indirectos en diversos sectores; atraer la inversión, fortalecer la Economía Digital”.

Asegura que, con ello, “mejoraríamos en transparencia y en favorecer la inversión”, si tuviéramos una estrategia medioambiental clara, ya que como el propio ministro Escrivá y Teresa Ribera han reconocido: “no existe una normativa para la planificación de centros de datos clara en España para la creación de estas infraestructuras”.

“Una gobernanza clara y una planificación adecuada” pueden servir para crear centros de datos que garanticen el almacenamiento local de datos críticos, “mejorando la seguridad y soberanía de los datos en contextos de ciberseguridad y protección de la privacidad”, pone de manifiesto.

Javier Márquez recalca que España enfrenta “desafíos significativos” en su infraestructura de centros de datos, comenzando por la falta de transparencia en la gestión de la red eléctrica. “Esta opacidad genera incertidumbre entre los inversores, que necesitan garantías claras y previsibles para realizar inversiones sustanciales en centros de datos”, apostilla el senador del PP.

Avisa que la red eléctrica española actual “no es lo suficientemente robusta para soportar la alta demanda de energía de estos centros”, lo que representa un obstáculo importante para atraer inversiones en este sector estratégico.

Señala también que los centros de datos modernos “pueden y deben” ser diseñados para ser más eficientes energéticamente y utilizar fuentes de energía renovables, pero que revisen la gestión del residuo al final de su vida útil.

Javier Márquez se muestra convencido de que “puede ser atractivo invertir en Centros de datos en España”, si se mejora la infraestructura y conectividad; con una infraestructura de telecomunicaciones avanzada y una red eléctrica estable, España garantizaría el funcionamiento eficiente de data centers.

“La falta de planificación, de normativa y estrategia clara no comunicada, causa otro efecto que es la burocracia. La burocracia lastra de largo la creación de centros de datos en España”, se dirige a Escrivá.

Asevera que es necesario conocer la estrategia del Gobierno en materia de gobernanza de datos, de política normativa, de creación de centros de datos, de mejora de la red eléctrica, de política de incentivos económicos, medioambiental y en materia burocrática.

Desde el punto de vista medioambiental, los centros de datos son cruciales para el desarrollo de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA). “Pero es necesario tener una estrategia medioambiental, que en la actualidad no existe”, añade Javier Márquez.

Explica que desde el PP proponemos “criterios como que no gasten más de 0,4 L de agua el kilovatio hora de carga IP, establecer torres de agua y llevar adelante un pacto de neutralidad de la data centers con las siguientes propuestas: Energía eficiente, agua eficiente, economía circular reutilización del calor que genera el sistema en aquellos aspectos que la administración considere útil para la comunidad”.

También pide dotar al sector público y privado de la tecnología necesaria para una digitalización con seguridad, mediante la ciberseguridad del dato y la gestión de identidades.

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